En fechas recientes se ha presentado una reflexión y discusión en los entornos gubernamentales, legislativos, e incluso académicos en torno a la necesidad de gestionar y publicar una “Ley de Inteligencia”. Su antecedente inmediato sería la “Ley de Seguridad Nacional” publicada en 2005, la cual asienta por vez primera diversos conceptos vinculados a la Inteligencia y a la Seguridad Nacional. Sin embargo, dicha legislación presenta tres problemas fundamentales: en primer lugar, carece de un reglamento el cual lleve al plano operacional las acciones señaladas en el mismo documento en torno a la Seguridad Nacional; en segundo lugar, establece a la “Seguridad Nacional” como un conjunto de acciones estatales (Art. 3º), cuando ésta debería de ser una condición esencial y permanente para el desarrollo nacional; y tercero, establece una definición de “inteligencia” que dista mucho de ser una visión integral y comprensiva de este importante pre-requisito para la toma de decisiones de alto nivel (Art. 29º).
De igual forma, esta normatividad publicada por el Presidente Vicente Fox en su momento establece el papel titular en la materia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. Mientras que es innegable la relevancia y competencia del Centro en la materia, se omite remitir en el mismo nivel de detalle y profundidad a otras instancias del Gobierno Federal, las cuales en su momento podrían aportar importantes insumos a la creación de una Inteligencia Estratégica Nacional.
Desde esta perspectiva, la “Ley de Seguridad Nacional” deja importantes vacíos conceptuales y operacionales en materia de Inteligencia, así como deja en evidencia la necesidad de plantear y re-plantear diversos conceptos fundamentales que son esenciales al momento de diseñar, gestionar y publicar cualquier instrumento legislativo en torno a estos temas. Para ello, resulta primordial el sentar algunas reflexiones rectoras del proceso legislativo, de la Administración Pública y de la emisión de Políticas Públicas.
Las anteriores deben responder a las necesidades, intereses, voluntades y aspiraciones de la Nación, la cual debe ser a su vez identificada como el binomio resultante de la sociedad y de las Instituciones del Estado. Los primeros se encuentran representados por “líderes electos”, los cuales obligadamente deben responder a los intereses y necesidades de la sociedad que los eligió en su momento. Estos representantes populares deben velar no sólo por las condiciones presentes de sus constituyentes, sino también por su potencial futuro. De esta forma, el binomio sociedad-gobierno integra el núcleo esencial de la Nación, en virtud de que le otorga un significado, orientación y dinamismo a los recursos nacionales, al territorio, a la historia, a la cultura, y en consecuencia moldea el futuro del país.
El binomio ya referido no es una “complicidad estática”, sino por el contrario, es una “vinculación dinámica”, la cual modela su accionar a través de la identificación de objetivos, así como del desarrollo de acciones especificas para consolidarlos y ampliarlos. De manera gráfica, veríamos tal proceso como una “espiral ascendente”, de naturaleza cíclica y orientada a la obtención de intereses cuyos beneficios sean integrales en el largo plazo. En otras palabras, la orientación dinámica del binomio sociedad-gobierno se encuentra en el plano “estratégico”.
En consecuencia, las Políticas Públicas y la Administración Pública, pese a deben responder a las condiciones, contextos y circunstancias específicas en el corto y mediano plazo, deben encontrarse estructuradas para la consolidación de intereses de corte estratégico en el largo plazo. Esto implica identificar los potenciales retos, amenazas y riesgos que como Estado y sociedad podemos enfrentar en el futuro, así como del diseño de los mecanismos e instrumentos necesarios para convertirlos en oportunidades y beneficios para México. Esta es una primicia de una “Visión Estratégica Nacional”, de la cual podrán desprenderse obligadamente una “Planeación Estratégica Nacional”, una “Agenda de Intereses y Objetivos Estratégicos”, y una “Agenda de Riesgos Estratégicos Nacionales”.
Las anteriores deben elaborarse como documentos rectores, como una guía para los esfuerzos conjuntos entre la sociedad y el gobierno de nuestro país. Esta orientación estratégica no puede ser inflexible ni estática, sino deberá adecuarse al entorno y contexto nacional y global por el que transite México en los próximos treinta años. De igual forma, dichos planes y consideraciones rectoras deberán estar en un constante estado de adecuación, actualización y evaluación.
Parte integral de este complejo –pero necesario- proceso implica la creación de leyes, reglamentos y otros instrumentos normativos que le permitan al Estado Mexicano y a la sociedad que representa articular sus esfuerzos para la obtención de beneficios medibles y registrables en el corto, mediano y largo plazo. Es en este contexto donde una “Ley de Inteligencia” debe circunscribirse. Reconociendo que la Inteligencia es el insumo esencial para la acertada toma de decisiones de alto nivel, y que la misma informa a las Políticas Públicas (más no las dictamina), dicha normatividad jurídica debería adquirir una visión y carácter “estratégico-integral”: no sólo debe beneficiar a todos los sectores de nuestra sociedad y vincular los esfuerzos nacionales en torno a objetivos y metas estratégicas, sino que también debe proyectarse a una visión de largo plazo (treinta, cuarenta o cincuenta años).
Ciertamente, dichos características condicionantes parecen poco realistas, e inclusive absurdas. Sin embargo, tan sólo debemos ver cómo es el proceso de formulación de Políticas Públicas Estratégicas de China, Rusia y la Comunidad Europea, y será evidente que éstas no son la excepción; somos nosotros los que nos encontramos limitados por nuestro contexto histórico, político y social para formular planes, estrategias y proyecciones en dicho marco temporal. México indudablemente tiene el potencial de formular planeación, administración y gestión estratégica de veinte, treinta, cuarenta y cincuenta años. Sin embargo, falta el “ingrediente” fundamental para llevar a cabo tales prácticas: voluntad.
En nuestro país existe una aparente desconexión entre la voluntad de liderazgo electo por la sociedad y la identificación de los intereses estratégicos nacionales. Esta situación podría corregirse si se incorporan otros insumos de capital humano en la formulación de las políticas públicas. En este sentido, el presente texto se refiere a la comunidad académica nacional, la cual le otorgaría potencialidades diferentes e incrementadas a los recursos que informan la toma de decisiones de alto nivel de nuestro país.
Finalmente, una “Ley de Inteligencia” no sólo debe robustecer las definiciones, atribuciones y componentes de la comunidad de inteligencia mexicana, sino que debe trascender a lo “urgente” y adentrarse en lo “importante”, es decir, debe incorporar una visión estratégica-integral. Para ello resulta esencial actualizar, adecuar y formular conceptos y definiciones operativas adecuadas y bien contextualizadas; así como debe extenderse a aspectos esenciales del futuro de nuestro país: el comercio y la industria, la vinculación internacional, y el desarrollo de intereses estratégicos globales.
De esta forma, dicha legislación sentará las bases no para una “inteligencia doméstica”, sino sentará la ruta para una “Inteligencia Estratégica Nacional”. Esta deberá incorporar no sólo aquello que ocurre al interior de nuestras fronteras, sino también todo aquello que a nivel global nos afecta como actor reconocido en la comunidad internacional. De igual forma, este planteamiento en dicha ley podría asentar los cimientos para la construcción de una muy robusta toma de decisiones nacionales de alto nivel, y le permitiría a la Comunidad de Inteligencia Mexicana dar pleno cumplimiento a su misión esencial: ser coadyuvantes en la toma de decisiones estratégicas para el beneficio integral de nuestra Nación.
José Medina González Dávila es Doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, Maestro en Estudios Internacionales por la EGAP-ITESM, y Licenciado en Relaciones Internacionales por el ITESM. Es catedrático de la Universidad Anáhuac, siendo sus líneas de investigación la Inteligencia Estratégica e Internacional, la Antropología Militar y la Antropología Aplicada a la Seguridad Nacional.