En las pasadas semanas se ha comenzado a analizar la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos de América decida incluir en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado a una o varias organizaciones criminales transnacionales mexicanas. Esta decisión, eminentemente política, del presidente Donald Trump desata una serie de preguntas a las que los mexicanos deberíamos de tener ya respuestas.
La idea del terrorismo en México ya tiene varios años en la mente de los tomadores de decisiones, tanto de Estados Unidos de América como de los europeos. La violencia, aparentemente indiscriminada, utilizada por las organizaciones criminales mexicanas, en el país y su expansión a las naciones centroamericanas, hacen que las clásicas organizaciones terroristas como la ETA en España, el ERI en Irlanda, entre muchas otras más, parezcan anecdóticas y de reducido impacto.
El uso de estrategias popularizadas por la organización terrorista internacional Al Qaeda por parte de las organizaciones criminales mexicanas, no solamente en el uso de la violencia física, sino en la forma de comunicarla, utilizada principal y presuntamente para amedrentar a ciudadanos, gobiernos y organizaciones competidoras, hace que, por lo menos las imágenes y videos difundidos, guardando las distancias, parezcan campañas de comunicación política del terrorismo internacional.
Decapitaciones, expresiones y exhibición de violencia en fotografías y videos de las organizaciones criminales mexicanas que han dado la vuelta al mundo, no tienen tanto distingo con las imágenes producidas por el terrorismo internacional. En el mismo sentido, los mensajes en redes sociales, que en algunos casos llegan a los medios masivos de comunicación, y la idea de que ellos “no son tan malos” como los otros, que ellos si respetan la norma, su norma, o que tienen cierta legitimidad, son elementos comunes entre las organizaciones criminales mexicanas y el terrorismo internacional.
Las imágenes e historias de tomas de poblaciones, las armas de alto poder, la algarabía de enfrentar y acabar con el enemigo, los uniformes, máscaras y caravanas de vehículos que se desplazan por las localidades casi sin ser molestados por ningún tipo de autoridad constituida, se han presentado tanto en México como en Somalia, Malí, Irak o Afganistán. Todos estos elementos, apoyan, sin duda alguna, la idea de que las organizaciones criminales mexicanas en poco se distinguen de las terroristas.
Para fortuna del gobierno mexicano y la soberanía nacional, la mínima diferencia es la clave de lo que se entiende por terrorismo: un objetivo político. Mientras que el terrorismo usa la violencia como instrumento para instaurar o modificar un sistema político, las organizaciones criminales usan la violencia para producir riqueza, si para ello necesitan gobernar, lo hacen, pero no es el objetivo último, sino la construcción de un entorno favorable para lograr su objetivo. En este sentido y rigurosamente, de ninguna forma las organizaciones mexicanas pueden ser catalogadas como terroristas. Sin embargo, la flexibilidad que hoy cataloga las relaciones humanas también se ve reflejado en los conceptos y las categorías.
Por su parte, el terrorismo en Estados Unidos de América comprende una gran cantidad de posibilidades, desde una persona que filtra información secreta sobre las operaciones en la lucha antiterrorista, Julian Assange fue catalogado con terrorista por el Vicepresidente Joe Biden en 2010, o un francotirador que durante varias semanas aterroriza a una comunidad, como John Allen Muhammad y Lee Boyd Malvo quienes en 2002 actuaron en la ciudad de Washington, hasta las organizaciones como Al Qaeda o ISIS. De ese tamaño es el abanico conceptual que tiene la nación que hasta el momento ha establecido la agenda de seguridad global.
Esta situación representa un gran reto para las autoridades mexicanas, que podrán observar un embate que será difícil de contrarrestar, en el que, pese a tener la teoría de su lado, el interés y pragmatismo político podría colar a las organizaciones criminales mexicanas en las temidas listas del terrorismo para fortalecer la retórica y agenda electoral antimexicana del presidente Trump. La inclusión de nuestras organizaciones criminales, aparte de ser una gran afronta a la capacidad de las autoridades mexicanas para controlar la violencia y criminalidad en nuestro territorio y por ende su expansión a nivel internacional, sería un instrumento de presión hacia las organizaciones que muy posiblemente a corto plazo las debilitaría.
Esta idea, interesante o necesaria para algunos, tiene sus pormenores que hay que valorar en base a la estrategia global antiterrorista desplegada por Estados Unidos de América y sus aliados. El primer elemento es que, si bien, el terrorismo de Al Qaeda se ha debilitado por temporadas, surgió ISIS, una organización aparentemente de mayores capacidades violentas. Las naciones en donde se ha llevado a cabo la batalla contra el terrorismo han tenido grandes dificultades para construir instituciones de seguridad y hasta la fecha la mayoría de estas dependen del apoyo de las fuerzas de Estados Unidos o sus aliados para preservarla.
A modo de ejemplo de las consecuencias de este cambio y teniendo en cuenta que, si bien México, no es Somalia, ni Yemen, en aquellas naciones se encuentran activos programas de eliminación de blancos terroristas, lo cual no significa otra cosa que, la neutralización de presuntos terroristas por medio de ataques, supuestamente quirúrgicos, con vehículos aéreos no tripulados o drones artillados. Una práctica que para algunos en nuestro país podría ser beneficiosa para contrarrestar la violencia criminal en zonas rurales y alejadas de la Ciudad de México, claramente violatoria del derecho internacional y nacional, de la soberanía mexicana y, supuestamente, de los valores mexicanos.
La idea de utilizar la lista terrorista del Departamento de Estados de Estados Unidos de América para atacar y acabar con las organizaciones criminales mexicanas podrá ser atractiva, conceptualmente, para algunos, pero la evidencia de las consecuencias para las naciones sede de este tipo de organizaciones en las últimas décadas, es poco prometedor: el debilitamiento del Estado, la violación del estado de derecho, la pérdida de soberanía y lo que puede ser peor, la reestructura de las organizaciones violentas y un aumento en la capacidad de hacer daño, físico y simbólico, a las sociedades democráticas, son situaciones que generalmente se presentan en las naciones donde existen organizaciones terroristas.
Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez
Fernando Jiménez Sánchez es investigador CONACYT y de El Colegio de Jalisco. Politólogo y Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos.
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