El pasado 29 de agosto pasado, el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, conforme a la Ley de Seguridad Nacional expedida en 2005, durante el gobierno del presidente Vicente Fox, catalogó las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional como estratégicas para la Seguridad Nacional; con ello, aparte de proteger a la Base Aérea Militar de Santa Lucía para la construcción de un nuevo aeropuerto civil, se dio un paso para ampliar y especificar los lugares estratégicos para la seguridad de la Nación.

Algunos de los países que desarrollan Estrategias de Seguridad Nacional identifican claramente cuáles son los sectores prioritarios y básicos para el funcionamiento de los países, en otros como México, que carecen de estrategias de este tipo, se tiene poco conocimiento sobre lo que considera el gobierno como elementos sustanciales para la Nación, lo que es instalación estratégica o crítica y los elementos que se utilizan para crear el catálogo confidencial de instalaciones estratégicas y prioritarias para el país.

La definición de infraestructura estratégica o crítica varía dependiendo las latitudes. La Unión Europea las entiende como: “las instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y de tecnología de la información cuya interrupción o destrucción tendría un impacto mayor en la salud, la seguridad o el bienestar económico de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de los gobiernos de los Estados miembros”.

Mientras que para el gobierno de los Estados Unidos de América son: “las instalaciones vitales que su destrucción o incapacitación debilitarían la seguridad, la seguridad económica, la salud pública y la combinación de ellas”. Para España la infraestructura es: “las redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales y las infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales”.

Para Australia son aquellas “instalaciones físicas, cadenas de suministro, tecnologías de la información y redes de comunicación que, si se destruyen, degradan o dejan de estar disponibles durante un período prolongado, afectarían significativamente el bienestar social o económico de la nación o afectarían la capacidad de Australia para llevar a cabo la defensa nacional y garantizar la seguridad nacional”. Mientras que Francia las cataloga como: “las instituciones, estructuras o instalaciones que proporcionan los bienes y servicios esenciales que forman la columna vertebral de la sociedad francesa y su forma de vida. Los propios operadores elaboran la lista de sus infraestructuras críticas, que pueden ser sitios de producción, centros de control, nodos de red o centros de datos”

El Reino Unido las entiende como los: “elementos críticos de la infraestructura (es decir, activos, instalaciones, sistemas, redes o procesos y los trabajadores esenciales que los operan y facilitan), cuya pérdida o compromiso podría resultar en: a) Impacto perjudicial importante en la disponibilidad, integridad o prestación de servicios esenciales, incluidos aquellos servicios cuya integridad, si se ve comprometida, podría resultar en una pérdida significativa de vidas o víctimas, teniendo en cuenta los impactos económicos o sociales significativos; y/o b) Impacto significativo en la seguridad nacional, la defensa nacional o el funcionamiento del estado «.

Esta variedad de conceptualizaciones demuestra las diferencias que cada gobierno tiene para catalogar este tipo de instalaciones y nos deja ver algunos de los elementos centrales considerados para el funcionamiento básico y de reacción de la Nación. Los conceptos, para ser comprendidos con mayor facilidad se acompañan de los sectores estratégicos, que en el caso de Estados Unidos de América son 16: el químico, el comercial, comunicaciones, manufactura, presas, el Departamento y la industria de la Defensa, servicios de emergencias, financiero, alimentos y agricultura, servicios gubernamentales, sector de salud, información y telecomunicaciones, nuclear, de transportes, de agua.

Para España y Reino Unido son 14, el primer país considera a: la administración de gobierno, el espacio, la industria nuclear y química, las instalaciones de investigación, agua, energía, salud, tecnologías de la información y las comunicaciones, transportes, la alimentación y el sistema financiero y tributario. Mientras que el segundo considera los: productos químicos, comunicaciones nucleares civiles, defensa, servicios de emergencia, energía, finanzas, alimentos, gobierno, salud, espacio, transporte y agua, tiene subsectores que son los de: servicios de emergencia, por ejemplo, se pueden dividir en policía, ambulancias, bomberos y guardacostas.

Por su parte, Francia identifica 11 sectores: agua, alimentos, salud, actividades militares, legales y civiles, energía, finanzas, transporte, comunicaciones, espacio e investigación; y Australia 5: electricidad, gas, agua y puertos, así como otras instalaciones de una industria relevante o que afecte a la Seguridad Nacional. Con estos sectores es posible comprender lo que los gobiernos comprenden como vital para los países, por si no fuera poco, los países mencionados y otras naciones como Japón, Chile y Argentina han creado estrategias específicas de infraestructuras críticas y seguridad informática o ciberseguridad en las que se explica la visión que tiene el gobierno sobre su impacto en la Seguridad Nacional.

Por desgracia, los gobiernos mexicanos han sido celosos y cautelosos en cuanto se refiere a la Seguridad Nacional, la desconfianza que le tienen a los ciudadanos y la costumbre patrimonialista y de secrecía nos lleva a carecer de elementos para comprenderla mejor, aparte de la ley de Seguridad Nacional y el Programa de Seguridad Nacional, poco se sabe de la visión y acciones de los gobiernos. Esta carencia de información  impide conocer lo que el gobierno comprende como instalaciones estratégicas o críticas.

Para nuestro beneficio, el conflicto legal en el que se encuentra la Base Aérea Militar de Santa Lucía, ha producido información sobre la importancia que tienen las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Armada Marina de México para la Seguridad Nacional, nada sorpresivo después de conocer que en las naciones mencionadas las infraestructuras gubernamentales, de fuerzas armadas, suelen ser consideradas esenciales para responder a cualquier tipo de suceso natural o humano que ponga en riesgo a la Nación.

Las tres razones expuestas por el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional para catalogar a la Base como instalación estratégica aducen a ello: 1) despliegue inmediato de tropas; 2) despliegues inmediatos de materiales y 3) la aplicación del Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre o DN-III-E, parten de elementos que sin duda son nodales en momentos en que ciertos eventos pongan en riesgo y amenacen a la Seguridad Nacional y a la población. Esta primera experiencia sobre la forma en que el gobierno mexicano cataloga las instalaciones estratégicas sería interesante que se repitiera, que bajo la premisa moderna de que la Seguridad Nacional es un asunto compartido entre el gobierno, la ciudadanía y sector privado, se nos explicara la forma en que se realiza el catalogo y los sectores que son considerados por el gobierno como de Seguridad Nacional.

Por que uno se podría imaginar que instalaciones publicas y privadas de nuestro país son consideradas estratégicas o críticas, que los puertos y aeropuertos internacionales o bancos también, así como las instalaciones energéticas, de agua, alimentos y todas aquellas necesarias para el funcionamiento básico de la sociedad; las cuales podemos suponer son cuidadas con un celo extremo por las autoridades federales encargadas de preservar la Seguridad Nacional.

Mal que la Seguridad Nacional, de la que somos parte, se base en la imaginación y suposición, de ahí la imperativa necesidad de reformar la Ley de Seguridad Nacional para darle herramientas al Estado de protección en el teme del que depende la agenda de la 4T y el futuro de la Nación.

Agradezco los valiosos comentarios de Misael Barrera Suárez

Fernando Jimenez Sánchez es investigador CONACYT y de El Colegio de Jalisco. Politólogo y Doctor en Análisis y Evaluación de procesos Políticos y Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Análisis y Prevención de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos. Síguelo en @fjimsan